El caso de José Armando Laines Argueta, detenido tras una infracción menor pese a no tener antecedentes, ha generado polémica. Organizaciones de derechos de los inmigrantes temen que la medida desincentive la colaboración con la policía y afecte la seguridad pública.
Desde 2017, Texas obliga a las autoridades locales a cooperar con ICE, y algunos condados han ampliado su papel en la aplicación de leyes migratorias. La política plantea dudas sobre su impacto en la comunidad inmigrante.
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